Una vez más los trabajadores y trabajadores son los que deben sufrir las consecuencias cuando las empresas caen en insolvencias o problemas económicos, situación que los lleva a incrementar las deudas previsionales, a despedir empleados en forma masiva y vulnerar sus derechos laborales.
Es lo que ocurrió con la cadena de supermercados Monserrat, que ya comprometió la estabilidad laboral a mil quinientos trabajadores propios, y ahora, el 8 de enero, la ola de despidos tocó a los trabajadores subcontratados que cumplían funciones de reponedores de los productos que comercializa la empresa CCU.
Gracias a la intermediación del Sindicato Complementos Chile, los trabajadores y trabajadoras despedidos pudieron recibir ayer miércoles 20 de enero el pago de los finiquitos, donde los dirigentes estuvieron con ellos apoyando el proceso de revisar que los pagos estuvieran correctamente realizados.
Más de un año que estos trabajadores subcontratados por la empresa contratista ECR Group para cumplir funciones externas en Monserrat, venían angustiados por no poder alcanzar las metas que les exigían, con lo que cada mes recibían mucho menos sueldo porque les ajustaban un promedio mensual.
Los propios empleados de la cadena Monserrat, también despedidos hace unos meses atrás, habían presentado denuncias ante la Inspección del Trabajo por despedidos y querellas en los tribunales por apropiación indebida de cotizaciones previsionales desde octubre de 2020, hecho que les impedía cobrar sus seguros de desempleo en la AFC y completar sus finiquitos.
Para la presidenta del Sindicato Complementos Chile, Náyade Valenzuela, quien acompañó a los trabajadores despedidos en sus gestiones, señaló que ella “hubiera esperado que este grupo de trabajadores fueran reubicados por la empresa contratista ECR Group en otras cadenas de supermercados que comercializan los productos de CCU, y así evitar la cesantía, pero se ve la insensibilidad y la incapacidad para ponerse en el lugar de los que sufren”.
Tampoco aceptó la excusa que da la empresa de distribución de alimentos al sindicar sus problemas de deudas a causa del Estallido Social de octubre de 2019: “No es una justificación que pueda aceptarse para evadir las responsabilidades que les cabe de acuerdo a la ley, porque eso es impunidad empresarial”.
